He comenzado esta semana una nueva etapa en mi vida profesional. Mi pasión por los asuntos sociales me llevó hace cuatro años, cuando terminé Periodismo, a matricularme en la diplomatura de Trabajo Social por la UNED. Y, ahora, ha llegado ese apasionante momento en el que te toca hacer tus primeras prácticas. He tenido la suerte de poder introducirme dentro de un buen equipo de trabajadoras sociales, el que trabaja en el Servicio de Urgencias del Hospital Gregorio Marañón de Madrid. Trabajar para un organismo de caracter público para mí es todo un privilegio, aunque no sea ésta el mejor momento para lhablar de a sanidad pública madrileña.
Con tan sólo dos días de experiencia como trabajadora social en este centro, saltó una noticia que no dejaba de comentarse entre los pasillos del hospital: "Madrid implantará el euro por receta y privatizará todos los servicios hospitalarios no sanitarios" (leer noticia). Lo primero que me llamó la atención es cómo podía ser que una comunidad autónoma como Madrid, gobernada por el PP, instaurara una medida -el euro por receta- que en numerosas ocasiones con anterioridad había rechazado.
Protesta de los trabajadores del Hospital La Princesa./El País |
Aún recuerdo las palabras de Esperanza Aguirre cuando Cataluña aprobó esta tasa lineal el año pasado. Y es que lo que Ignacio González, el nuevo presidente de la comunidad, vende ahora como una "medida disuasoria para impulsar el uso eficiente de los medicamentos", en su día Aguirre denegó firmemente instaurarla porque -aseguró- "no tiene sentido pagar un euro por algo que vale 100" y porque "debe haber una sanidad pública, universal y gratuita" (leer noticia). Ahora, Madrid tiene que tragarse sus palabras y poner en marcha una tasa que tendremos que pagar todos por igual a partir de enero.También, los pensionistas.
Pero los "chismes" del hospital no sólo han girado en torno a esta información. La mayor preocupación entre el personal sanitario del sector público estaba en torno a esta noticia: "El sector público podrá despedir con sólo 20 días si ajusta el gasto un 5%". En concreto, la posibilidad de que el personal laboral pueda ser despedido con la indemnización mínima (20 días por año trabajado). Ya se rumorea que el Ayuntamiento de Madrid está estudiando un ERE masivo en el sector público para contener así, a costa de echar a la calle a miles de trabajadores, el déficit de su administración (leer noticia).
La sanidad madrileña vive en estos días tiempos convulsos. Se está debatiendo su futuro, pero parece que la apuesta por una "sanidad pública, universal y pública" -las mismas palabras que utilizó Aguirre- está perdida. El modelo neoconservador (que disminuye el número de fondos públicos dirigidos a las áreas sociales e incrementa las desigualdades entre los individuos) parece instaurarse en la región. El cierre de hospitales y ambulatorios públicos y la apertura de centros "públicos" pero de completa gestión privada ponen de manifiesto esta realidad, que perjudicará sin duda nuestra calidad de vida y, también, la de las futuras generaciones.